Prácticamente en vísperas del término de su mandato como Comisionada de Derechos Humanos, que vence el 31 de agosto, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, reveló que fue presionada para no publicar un informe ya elaborado, que denunciaría los abusos de Beijing contra la minoría musulmana uigur, que tiene una población de unos doce millones de personas presente en la región norte de Xinjiang. Según los informes, China envió una carta, también firmada por otros cuarenta países cuyos nombres no han sido revelados, en la que la intención era disuadir al Comisionado de Derechos Humanos de no publicar el informe. La redacción del informe en cuestión lleva tres años en marcha, pero también incluye los resultados de la visita del Comisionado en mayo pasado, que provocó fuertes críticas de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y también del Departamento de Estado de EE.UU. por la actitud demasiado considerada. complaciente por parte del enviado de la ONU hacia las autoridades chinas, que han sido criticadas con tonos considerados demasiado moderados. A pesar del período de procesamiento bastante largo para la preparación del informe, la publicación se ha pospuesto varias veces por razones oficiales desconocidas, aunque se supone que Beijing y sus aliados han operado materialmente en este sentido. Una justificación aportada por la propia Comisaria es que el retraso se debe a la necesidad de integrar en el informe los resultados de la controvertida visita de mayo, en cualquier caso el objetivo de publicación sería al final del mandato de la Comisaria, es decir, al final del mes de agosto, aunque no haya confirmación oficial al respecto. Muchos países occidentales han solicitado específicamente la publicación del informe, pero el gobierno chino ha expresado solicitudes para examinar los resultados de la investigación más de cerca; Para complicar la situación, intervino una búsqueda de catorce periódicos internacionales, que logró examinar documentos oficiales chinos que habrían confirmado la persecución de los uigures, a través de continuas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren al menos más de dos millones de personas con la práctica de el internamiento, también sufrido por los menores, en centros de reeducación, donde además de la administración de violencia física y psíquica, los uigures son utilizados como mano de obra sin remuneración, en una condición equiparable a la esclavitud. Beijing niega estas acusaciones al definir los centros de detención como institutos de formación profesional. La acusación contra Bachelet por parte de la secretaria de Estado estadounidense es que no pidió a China noticias de uigures desaparecidos y deportados a otras regiones chinas, desarraigados de sus lugares de origen, incluso algunos organismos de derechos humanos han definido la gestión de la comisionada como demasiado complaciente con China y pidiendo que sea reemplazada por personas más decididas. La voluntad de renunciar a su cargo de Comisionada de Derechos Humanos se materializó justo después de su regreso de la misión en China y se justificaría por motivos personales. La coincidencia parece cuando menos sospechosa, podría haber sido el caso de una presión china demasiado fuerte para determinar el verdadero motivo de la renuncia y la conciencia de no saber cómo afrontar tal prueba, es decir, no poder hacer frente a las consecuencias de una relación demasiado poco severa por parte de los países occidentales o lo contrario por parte de los chinos. En todo caso, un fin sin gloria a su mandato como Comisionada de Derechos Humanos, que de una forma u otra marcará la figura política de Bachelet.
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